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La asistencia jurídica gratuita a víctimas de violencia de género ya es ley en nuestro país

Fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados de la Nación. La normativa dispone la creación de un cuerpo de abogados especializados para asistir a mujeres en situación de violencia.
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La Cámara de Diputados de la Nación convirtió ayer en ley el proyecto que dispone la creación de un cuerpo de abogados especializados, para asistir judicialmente y de forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia de género de todo el país. El cuerpo de abogados dependerá directamente del Ministerio de Justicia de la Nación, en articulación con otros organismos del Estado.

La ley, que viene a sumarse a un amplio marco normativo en defensa de los derechos de las mujeres, contó con el apoyo de referentes de distintos bloques y partidos. El senador Juan Manuel Abal Medina, quién impulsó esta iniciativa, declaró que “de cada 100 casos de denuncias, 50 quedan en el archivo por falta de asesoramiento”. Asimismo agregó: “con esta medida el Estado reconoce que la asistencia jurídica a las víctimas de violencia es su responsabilidad”.

En sus fundamentos, el texto del proyecto señala que “la problemática de género no sólo forma parte de la agenda de gobierno, sino que también está presente en la agenda mediática, interpelando a la sociedad en su conjunto. Las miles de personas que se manifestaron el 3 de junio a lo largo y ancho del país bajo la consigna “Ni Una Menos” son la expresión de un reclamo que llama a redoblar los esfuerzos para hacer efectivos los derechos consagrados”.

El acceso efectivo a la justicia es esencial para garantizar los Derechos Humanos de las mujeres. En 2009, el Gobierno nacional asumió los desafíos y responsabilidades de atender y luchar por la eliminación de todos los tipos de violencias contra las mujeres, al promulgar la Ley N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. La sanción y promulgación de esta ley respondió a una decisión que resumió el trabajo de miles de organizaciones sociales y movimientos de mujeres.

En este sentido, las últimas recomendaciones del comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señalan las deudas de la justicia en tanto reproductor de patrones patriarcales que obstaculizan el acceso a los derechos de las mujeres. La democratización de la justicia es un desafío de la democracia que permitirá ayudar a remover los estereotipos y prácticas machistas que conforman la base ideológica de la violencia contra las mujeres.

En estos últimos años, la implementación de las políticas públicas con perspectiva de género expresa claramente la voluntad del conjunto de organismos que conforman el Gobierno nacional para cumplir con esta legislación y prevenir y erradicar las conductas que atentan contra las vidas, libertades y seguridades de las mujeres.

“Que sirva esta fecha para concientizar sobre la importancia que tiene hoy para toda la sociedad que la lucha contra la violencia doméstica se haga carne en todos y cada uno”.

Cristina Fernández de Kirchner

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